Agosto 21 del 2009.
Por: Rafael Cruz Vázquez*
Han sido varias la versiones de las verdaderas causas que originaron la masacre colectiva de Acteal, que van desde una simple venganza, diferencias interreligiosas, políticas, hasta una estrategia de contrainsurgencia del Gobierno Federal que encabezaba Ernesto Zedillo Ponce de León. Esta última podría ser la más creíble, si tomamos en cuenta que en ese entonces el Ejercito Zapatista como movimiento insurrecto estaba captando la simpatía de comunidades y organizaciones civiles, entre estas la que conformaban “Las abejas” en el Municipio de Chenalhó, además las adhesiones hacia el movimiento zapatista iban en aumento, que se empezaron a formar pueblos y regiones autónomas no armadas, simpatizantes con las causas del movimiento.
Según declaraciones de simpatizantes zapatistas, y de ONG´S, para que el gobierno no se proyectara como represor de este movimiento, decidió crear y adiestrar en el uso de armas a civiles, que mas tarde se conocerían como paramilitares cuyo propósito sería desactivar y evitar a toda costa el avance del Zapatismo en el sureste Mexicano, razón por la cual se deduce que el estado tiene responsabilidad en este crimen que ha dado y sigue dando de qué hablar.
La responsabilidad del estado mexicano es ineludible en todo momento, por omisión, pese a que dijera lo contrario en ese entonces el Secretario de Gobernación Emilio Chuayffet Chemor; porque obviamente tuvieron conocimiento sobre todo del estado de tensión que prevalecía particularmente en el municipio de chenalho,y no actuaron al respecto, tal responsabilidad también alcanzó al ex Gobernador del estado Julio Cesar Ruiz Ferro, al ex Secretario de Gobierno Eduardo Homero Tovilla, al ex subsecretario de Gobierno Uriel Jarquin Gálvez.
La realidad es, que lo que es justo para unos es injusto para otros, y culpables o inocentes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el pasado miércoles 12 de Agosto amparó, y ordenó la liberación de 20 indígenas de un total de 79 recluidos en el penal del Amate en Chiapas implicados en la masacre de 45 tzotziles, entre las víctimas, se encontraban 18 niños, 22 mujeres, y 6 hombres, hechos ocurridos en Acteal el 22 de diciembre del 2007.
Y es que derivado de los 52 amparos revisados por el máximo Tribunal de justicia del país, solo 20 personas alcanzaron el beneficio del fallo de este, cuyo análisis o criterio no se basó en la culpabilidad o inocencia de los indígenas procesados, sino en el hecho de que el procedimiento judicial estuvo viciado de origen, sobre todo en lo que corresponde a la indagatoria que realizó el Ministerio Público para la integración de la averiguación previa, se dice que se violaron las garantías individuales de estos, y las pruebas que se aportaron no lograron probar la responsabilidad penal de los mismos, la mayoría de ellas fueron prefabricadas, otras fueron obtenidas mediante la tortura, etc., por lo que se concluye las pruebas de cargo eran ilícitas, violándose de esta manera la garantía constitucional del “ derecho al debido proceso”, lo cual llevó a la excarcelación de los presunto responsables del homicidio múltiple de Acteal.
El fallo de la Suprema Corte de justicia de la nación no es un acto de justicia, sino un acto de legalidad, desde el momento en que esta se encarga del control de constitucionalidad de la legislación, de velar que se garantice el cumplimiento de los preceptos constitucionales de nuestra Carta magna, y parte de ello es el hecho de que las personas que se encontraban recluidas en el caso de Acteal, tuvieran la garantía de un debido proceso.
NO DEBE REPETIRSE OTRO ACTEAL
Se terminará con la impunidad, y se hará justicia en el caso Acteal, cuando se investigue a fondo y se determinen responsabilidades por acción u omisión a el ex presidente de la República Ernesto Zedillo, el ex mandatario estatal de Chiapas Julio cesar Ruiz Ferro, y los funcionarios de ambos a cargos de la secretaría de gobernación y de Gobierno, y todo funcionario que debió actuar, y no lo hizo en su momento.
De la misma forma que se tendrá que fincar responsabilidades a los Ministerios públicos y jueces empezando por el ex procurador de la República Jorge Madrazo Cuellar, que en su momento tuvieron que ver con la indagatoria, integración y consignación de la averiguación previa correspondiente, de la misma forma con la liberación de órdenes de aprehensión, y de un proceso deficiente, plagado de irregularidades, hasta con ausencia de técnica jurídica.
Para procurar justicia en el caso de Acteal, los Diputados de la próxima LXI legislatura federal, deberían impulsar que se forme una de “Comisión de la verdad”, que investigue a profundidad, estos crímenes, también conocidos, por su fondo y forma como de “lesa humanidad”, denominación que tendrá mientras no se demuestre lo contrario. Dicha comisión tendrá como fin previa investigación, concretar quienes son los responsables intelectuales y materiales de los crímenes cometidos para juzgarlos conforme a derecho, así también deberá hacer recomendaciones al gobierno federal, sobre la reparación del daño a los familiares de las víctimas de la matanza de Acteal, que si bien es cierto que tales reparaciones no vuelven a la vida a estas, pero si las ayuda parcialmente de alguna forma, porque desde hace doce años el gobierno federal y estatal prometió resarcirles los daños, y no lo hizo debidamente.
Por otro lado debería legislarse que en cuanto aquellos funcionarios que cometan directamente o se vieran implicados en violaciones a derechos humanos, no ocupen, ni vuelvan ocupar cargos públicos de ninguna índole, mucho menos que se les permita participar como candidatos a cargos de elección popular, como lo va a hacer el Diputado Federal electo Emilio Chuayffet Chemor.
Cumpliendo y dejando como precedente lo anterior, se contribuiría a evitar repetir otro Acteal, como anunciara el Presidente de México Felipe Calderon Hinojosa.
¡Hasta la próxima entrada!
*Se ha desempeñado como asesor del Poder Legislativo de Chiapas, asesor de ONG’S y articulista invitado de las Revistas de circulación Estatal y Nacional “Diálogos en el Sur”, “Imagen Política de Chiapas”, y “Quehacer Político”.
laberinto-publico@hotmail.com,
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