En el pasado los gobiernos de Chiapas presentaban un alto índice de incidencias en lo que se refiere a corrupción, falta de transparencia y rendición de cuentas, acoso, y violencia laboral, hoy en día parece haberse atenuado o revertido con el impulso de ciertas reformas a la legislación vigente relacionada con la administración pública, y el ámbito laboral, incluso con la creación de la reciente Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y pese a todo hace falta aún por hacer, manifestó Rafael Cruz Vázquez, asesor de ONG’S en la entidad.
Mencionó que los funcionarios que más daño le han ocasionado a la actual gestión de gobierno, se han caracterizado por el mal desempeños de estos, que ha ocasionado que se eroguen recursos públicos en pago de laudos laborales, por los frecuentes despidos injustificados, o en su defecto, y para sus fines personales incurran en desvíos de los dineros que les otorgan para el funcionamiento, y operatividad de sus dependencias, porque no les importa racionalizar y eficientar el ejercicio del gasto público.
Afirmó que evidentemente los dispendios del presupuesto estatal, son consecuencias de la incorrecta administración en las dependencias, y por la existencia de pasivos laborales en las mismas, esto derivado de demandas laborales, que pudieran haberse evitado si los funcionarios que tienen a su cargo áreas en el gobierno, no ejercieran el acoso y maltrato laboral hacia sus trabajadores, al grado de despedirlos.
Dijo que tan solo la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico (CECAM), próximamente pagará más de 300 mil pesos a un ex empleado de nombre Juan Carlos Rincón Martínez por un laudo laboral dictado, y hasta donde tiene conocimiento dicha Comisión está en números rojos; pero aún así se siguen propiciando estos casos, porque el más reciente es el despido injustificado de María del Carmen Guadalupe gallardo Martínez, Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo por parte Octavio Orantes Ruíz Comisionado Vitalicio de la CECAM .
Hizo notar que tuvo conocimiento que el despido de Gallardo Martínez, tuvo que ver con el hecho de que esta no accedió a prestarse a solapar el mal uso de recursos del Titular de la CECAM, ya que como responsable del área administrativa era muy estricta en cuanto a la normatividad, y aplicación correcta del ejercicio del presupuesto público destinado a la dependencia, ya que tenía conocimiento que la Secretaría de la Contraloría realizó a dicha Comisión una auditoria de los años 2006, 2007, y hasta Julio del 2008, en el que se detectaron serias irregularidades y daños al erario público, en cuanto a indebidas transferencia de recursos, y falta de comprobación de estos, por la Cantidad de $875, 454.92, por tal motivo no podía titubear en ser muy exigente en el aspecto normativo de los manejos de recursos.
Cruz Vázquez, considera que tratándose de recursos públicos, el Titular de la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico, es responsable por acción u omisión, por haber autorizado transferencias bancarias, por falta de control interno, supervisión y verificación de la aplicación correcta y oportuna del gasto, como el haber firmado cheques sin revisar las pólizas respectivas, por no haber constatado que los gastos se apegaran a la ley de racionalidad y disciplina presupuestaria, observaciones que fueron hechas en su momento por la entonces Secretaría de la Contraloría, sin que a la fecha se finquen las sanciones que correspondan a los responsables.
Comentó que ante tal situación hay mucho que hacer en cuanto a transparencia y rendición de cuentas de las instituciones y dependencias en Chiapas, sobre todo tratándose de la CECAM, cuyo titular no ha sido cambiado desde el 2001, año en que presumiblemente el ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía lo propuso para que fuera nombrado por el congreso del estado por tres años como Titular Comisionado, periodo establecido en el decreto de creación de dicha Comisión, sin que a la fecha, y pese a todas las anomalías que suceden en la misma, el poder legislativo no ha intervenido al respecto para realizar el cambio, y nombrar un nuevo Comisionado que conduzca con eficiencia, honestidad, y transparencia el funcionamiento de esa dependencia.
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